Diego García, concejal de Unión por la Patria, presentó un proyecto de comunicación para exigirle al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) un informe detallado sobre el funcionamiento, la logística y las condiciones de seguridad del programa «Bacheo Express».
Desde el bloque opositor advirtieron que, a pesar del alto volumen de intervenciones publicitadas por el Ejecutivo local, resulta indispensable arrojar transparencia sobre el origen de los recursos humanos y técnicos afectados, especialmente en un contexto signado por el cobro constante de la Tasa Vial a los vecinos de General Pueyrredon.
El programa, lanzado a fines de enero de este año con el objetivo de tapar baches mediante la aplicación manual de asfalto en frío, reportó hacia abril cerca de 5.000 reparaciones en barrios como San José, Centro, San Carlos, Plaza Peralta Ramos y Lomas de Stella Maris. Sin embargo, desde Unión por la Patria plantearon serios interrogantes sobre la durabilidad de estos arreglos provisionales frente a las obras tradicionales. Mientras que en las licitaciones públicas habituales —como la reciente Licitación Nº 06/2026— el EMVIAL exige rigurosos exámenes a cargo del Laboratorio de Ensayo de Materiales con la extracción de testigos y moldeo de probetas, el sistema «express» carece de certificaciones públicas que garanticen la estabilidad del material.
La preocupación legislativa abarca también las condiciones de seguridad laboral y la regularización contractual de las tareas en la vía pública. El pedido de informes busca determinar si los operarios pertenecen a la planta permanente municipal o si se trata de personal tercerizado sin la indumentaria de protección ni la identificación correspondiente.
Asimismo, se cuestiona si la flota de camiones y la maquinaria pesada cuentan con la habilitación oficial y si se cumple de forma efectiva con la Ordenanza Nº 8610/92, la cual obliga a colocar cartelería de advertencia para regular el tránsito antes de iniciar las obras, protegiendo así tanto a los trabajadores como a los transeúntes.
Al respecto, García fundamentó el requerimiento enfocándose en la responsabilidad del Municipio de garantizar obras sustentables: “Los vecinos hacen un esfuerzo enorme pagando todos los días la Tasa Vial cada vez que cargan combustible, por lo que tienen el derecho de exigir que los arreglos en las calles se hagan, en primera instancia porque hay barrios que siguen con las calles hechas un desastre, y después que se hagan con la calidad que se debe exigir para este tipo de trabajos. Es nuestra obligación controlar quiénes están haciendo ese trabajo, si los camiones están habilitados y qué área técnica se hace cargo de aprobar la durabilidad del material. No podemos permitir que la urgencia por mostrar gestión deje de lado las normas de seguridad vial y los controles que se le exigen a cualquier licitación”.
Para finalizar, remarcó la importancia de resguardar tanto los recursos del municipio como la integridad física en el espacio público. El bacheo no puede ser una política realizada a la ligera y se debe garantizar la transparencia de la procedencia y la fiscalización del programa, asegurando que cada intervención en las calles marplatenses responda a los criterios técnicos, de señalización y de estabilidad que el propio municipio dictamina por ordenanza.
