Editorial por Gastón Venturi, secretario general de SUTEPA. Se repite con liviandad que el PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. No es una frase hecha: son 6,5 millones de personas mayores las que dependen de su cobertura. Ese dato, por sí solo, dimensiona la magnitud del sistema.
También se escucha que el PAMI “es estatal”. No es correcto. El PAMI es un ente autárquico, público no estatal. Tiene autonomía administrativa y financiera, aunque su historia demuestra que esa autonomía ha sido vulnerada de manera sistemática.
Otro mito frecuente es que está “lleno de ñoquis” y que tiene más de 15.000 empleados. La realidad es otra: son aproximadamente 11.000 trabajadores distribuidos en 600 agencias de atención y 38 sedes (Unidades de Gestión Local) en todo el país. ¿Es demasiado para atender a millones de jubilados distribuidos en 2.780.400 km²? La respuesta exige mirar el territorio y no repetir consignas.
Se afirma también que “ahora todo está informatizado”, como si eso resolviera cualquier problema. Pero no todos los adultos mayores tienen acceso a dispositivos, conectividad o conocimientos digitales. No en todos los pueblos hay sistemas ágiles, ni prestadores suficientes, ni infraestructura adecuada. Hay jubilados en zonas remotas sin acceso real a determinadas prestaciones. En regiones como el Impenetrable chaqueño, por ejemplo, no existe la misma oferta de servicios que en los grandes centros urbanos. La desigualdad territorial es concreta.
El PAMI debería garantizar cobertura integral. Sin embargo, enfrenta dos problemas estructurales: las constantes intervenciones del Estado y el desfinanciamiento progresivo. A eso se suma una realidad económica: cada vez hay menos empleo registrado, lo que impacta directamente en los recursos del sistema. En ese contexto, el deterioro no es casual.
El guion suele repetirse: primero se debilita, luego se instala la idea de que “no sirve”, que “es una caja política”, que “todos roban”, y finalmente aparecen propuestas de provincialización, privatización o retorno a obras sociales de origen para quienes puedan pagarlo. La pregunta es evidente: ¿cuántos prestadores privados estarían dispuestos a asumir masivamente la atención de adultos mayores, con alta demanda sanitaria y costos elevados?
La consigna “el PAMI no sirve” simplifica un problema mucho más profundo.
En sus más de 50 años de historia, el PAMI tuvo 26 intervenciones y apenas 5 directorios plenos. La inestabilidad institucional no es un dato menor. Varios de los casos de corrupción más resonantes ocurrieron durante períodos de intervención.
En los años 2000 y 2010 se denunciaron afiliaciones irregulares y licitaciones cuestionadas, entre ellas vinculadas a vacunas. Entre 2014 y 2015 se descubrió una estafa sistemática con medicamentos: se facturaban fármacos a nombre de jubilados fallecidos, con pérdidas estimadas en 500 millones de pesos anuales. El entonces interventor, Luciano Di Césare, fue procesado por administración fraudulenta. También se investigó el uso de fondos del instituto para financiar al Estado y la participación de farmacias que cobraban coseguros por medicación no entregada. Más recientemente, en 2025, se denunciaron maniobras de utilización política de recursos.
La política utilizó los fondos para otros fines, desatendió necesidades básicas y deterioró la red de prestadores. Repetir que “no funciona” sin analizar la inestabilidad permanente es, como mínimo, incompleto. Es difícil que cualquier institución funcione adecuadamente bajo intervenciones reiteradas y con pérdida de autonomía.
El desafío es otro.
Se necesita una política de solidaridad nacional en la que los prestadores asuman el compromiso de atender a los jubilados como parte de una responsabilidad social compartida. Se necesita estabilidad institucional, financiamiento adecuado y conducción normalizada.
El PAMI tiene solución. Y esa solución es la normalización.
