Las jubilaciones mínimas sólo cubren el 30% de las necesidades, mientras aumentan los medicamentos y se recortan programas y servicios de salud. Ser jubilado y hacer changas para sobrevivir. El drama de los inquilinos de la tercera edad. Los trámites para beneficios sociales, inalcanzables para una persona mayor. Sumar años pero perder derechos y calidad de vida.
Las estadísticas señalan que en Argentina el envejecimiento poblacional es un fenómeno en alza en las últimas décadas. Por lo tanto, construir políticas públicas estratégicas para acompañar esa tendencia demográfica debería ser una obligación y un desafío mayúsculo. Lamentablemente eso no ocurre: el escenario actual de las condiciones de vida de las personas mayores se destaca por el retroceso en derechos esenciales, el aumento de las desigualdades y los signos de ajuste desde el propio Estado hacia uno de los sectores más vulnerables.
La agenda pública de la Fundación COLSECOR dialoga sobre la situación de las personas mayores, que en nuestro país alcanza el 14% de la población total. Las políticas públicas, a nivel nacional, suprimieron accesos y derechos fundamentales con consecuencias palpables: pérdida de poder adquisitivo hasta ubicarse por debajo de la línea de la pobreza, recortes en el acceso a la salud (que incluyen la quita de medicamentos muy consumidos por las personas mayores) y violencia institucional.
Si había deudas con las personas mayores, en la actualidad hay un escenario de desprotección en todos los frentes. Nuevamente, la red comunitaria es la que hace la diferencia: organizaciones civiles, centros de jubilados y los programas de extensión de las universidades públicas asumen y refuerzan los hiatos que dejan las políticas nacionales.
Vivir con una jubilación mínima
Según datos del INDEC, en mayo de 2025 la jubilación mínima ascendía a 296.481 pesos más un bono extra que desde marzo del 2024 se encuentra congelado en 70 mil pesos, mientras que la canasta básica del jubilado -el monto estimado para cubrir gastos elementales de alimentación, vivienda, medicamentos y transporte – se ubicaba en 1.200.523 pesos, al mes de abril. Es decir, el haber mínimo apenas cubre el 30% de las necesidades de un jubilado, lo que significa que viven por debajo de la línea de la pobreza.
Aunque Argentina arrastra desde hace años el problema de las bajas jubilaciones, quienes cobran la jubilación mínima han perdido ingresos equivalentes a cinco pensiones mínimas sólo en el primer año del gobierno de Libertad Avanza. Esta situación se traduce en múltiples estrategias de supervivencia. De acuerdo con un relevamiento reciente de la Defensoría de la Tercera Edad, crece la cantidad de personas mayores que deben seguir trabajando en la informalidad o en tareas esporádicas para poder cubrir sus necesidades básicas. Es decir, el mayor problema no es que sigan trabajando, sino que lo hagan en condiciones de precariedad; que no puedan jubilarse si es el deseo y necesidad de ese adulto mayor.
Los registros oficiales dan cuenta de que, de 9,4 millones de personas con ocupación formal, 783.597 son mayores de 60 años. Pero esos registros dejan afuera a quienes continúan trabajando de modo informal. Ese sector es que el creció, producto del desfasaje entre la canasta básica de un jubilado y lo que recibe como haber. Ante esa creciente inseguridad económica, continúan en puestos de baja productividad, en trabajos conocidos como “changas” y en actividades de mayor precariedad, como el sector de la limpieza. “La gente que llega a la edad en que puede jubilarse evita hacerlo. Un trabajador que se jubila pasa a cobrar la mitad de sus ingresos. Hay explotación laboral en la tercera edad porque muchos, por la necesidad de seguir trabajando, aceptan cualquier puesto de baja calificación y en situación de informalidad”, señala Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad y quien preside la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría.
