CON LOS PAÑUELOS VERDES BIEN EN ALTO, SEGUIMOS DEFENDIENDO EL
DERECHO A DECIDIR Y A LA SALUD PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe, a 36 años del V Encuentro Feminista realizado en Argentina, donde se aprobó la Declaración de San Bernardo que dio origen a esta fecha, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito unimos nuestras voces para reafirmar que el acceso al aborto seguro es un derecho humano inalienable, un acto de estricta justicia social y una urgencia de salud pública intransferible.
Las calles y las redes vuelven a teñirse de verde para ratificar el pleno derecho a decidir en libertad sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida, sosteniendo con firmeza que los consensos democráticos alcanzados no pueden ser borrados por ofensivas conservadoras ni por el retiro deliberado de las estructuras del Estado.
En Argentina, el aborto es ley. La Ley 27.610 es resultado de años de organización, lucha y movilización feminista y colectiva. Desde enero de 2021, la ley garantiza en todo el país el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y, desde las 15 semanas, cuando el embarazo es producto de una violación o está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. La atención es integral y gratuita en el sistema público de salud, obras sociales y empresas de medicina prepaga. Ante los intentos de vaciarla u obstaculizarla, la defendemos y exigimos al Estado que garantice su cumplimiento.
En la región, el escenario para millones de mujeres y personas sexo-genéricas disidentes está atravesado por una profunda desigualdad jurídica, política, cultural y, sobre todo, de empobrecimiento y endeudamiento. Los Estados son los principales responsables de perpetuar esta inequidad estructural cuando impiden el ejercicio de la soberanía (no) reproductiva.
Los marcos legales y condiciones de acceso muestran profundas diferencias en el acceso al aborto en Latinoamérica y el Caribe. Argentina reconoce por ley la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive; Uruguay, hasta la semana 12 y Cuba garantiza el acceso desde 1965. Guyana y Guayana Francesa cuentan también con normativa que lo permite. En México y Colombia, el acceso se ha ampliado mediante decisiones judiciales y reformas legislativas nacionales y locales en múltiples estados. En estos países, la legalización y el acceso efectivo al aborto han demostrado ser las herramientas fundamentales para garantizar el acceso a la salud pública como derecho, siendo lo más eficaz para reducir a mínimos históricos la morbimortalidad materna provocada por prácticas clandestinas e inseguras.
Por el contrario, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Haití mantienen la prohibición absoluta del aborto. Sus legislaciones punitivas criminalizan su práctica e imponen penas de prisión tanto a las mujeres con emergencias obstétricas como al personal de salud, empujando a las personas gestantes a atravesar embarazos no deseados en condiciones de vulnerabilidad total, clandestinidad forzada y muertes evitables por la inacción deliberada de las autoridades públicas.
Una parte importante de la región se rige por un modelo de aborto permitido por causales: la interrupción del embarazo solo es legal bajo determinados supuestos previstos por la legislación, según el país. Estos incluyen el riesgo para la vida o la salud de la persona gestante, el embarazo producto de una violación y la inviabilidad o determinadas anomalías fetales. Este esquema restrictivo continúa vigente en Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Venezuela y Ecuador, así como varios países del Caribe, entre ellos Barbados, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, Surinam, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Granada y Jamaica.
No obstante, denunciamos que la mera existencia de causales no basta, dado que las trabas burocráticas, la objeción de conciencia utilizada como método de obstrucción y la falta de protocolos unificados limitan severamente el acceso real en los centros médicos públicos.
La marea feminista latinoamericana y caribeña advierte de manera urgente sobre el grave retroceso democrático que atraviesa la región frente al avance de discursos ultraconservadores que buscan reinstaurar formas de control sobre las identidades feminizadas. El derecho a decidir no es una concesión partidaria ni una preferencia ideológica; constituye un piso mínimo de ciudadanía que se defiende con educación, provisión integral de insumos y decisión política. No daremos ni un sólo paso atrás frente a las presiones de sectores reaccionarios que intentan recortar las libertades individuales mediante falacias demográficas y argumentos contrarios a la evidencia científica y laica.
Denunciamos la extrema gravedad institucional en Argentina. El gobierno de Javier Milei y su ministro de salud implementan un vaciamiento sistemático de las políticas de salud sexual y (no) reproductiva explícito que se evidencia en la desarticulación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), el desfinanciamiento de las políticas nacionales de salud sexual y reproductiva y las barreras para acceder gratuitamente a métodos anticonceptivos e insumos esenciales a través del Programa Remediar. En el recorte de equipos territoriales y la parálisis de la entrega de insumos, el Poder Ejecutivo incumple obligaciones sanitarias vigentes, atenta de forma directa contra los avances de la Ley 27.610 y profundiza la desprotección estatal, especialmente de los sectores más vulnerabilizados del país.
Frente a los intentos de retroceder y clausurar los derechos adquiridos este 28S, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, seguimos organizadas para cuidar nuestra Ley Nacional N° 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y seguir ampliando derechos; y reafirmamos nuestra solidaridad con quienes luchan en toda América Latina y el Caribe.
Sostenemos firmemente que la soberanía sobre nuestros cuerpos no se negocia y que los lazos de solidaridad internacionalista en América Latina y el Caribe seguirán firmes. Con la convicción y la memoria intacta, exigimos el cumplimiento de las leyes vigentes y continuamos ocupando las calles y cada espacio político hasta que decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos se vuelva costumbre.
Educación sexual para decidir.
Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
