Editorial Radio De la Azotea – 03/06/2026
La estadística puede apurar la conclusión de que estamos peor o igual que los años anteriores. No se trata de comparar o conformarnos. Que siga pasando es suficiente para que tengamos que decir que estamos peor.
Se nota en los discursos oficiales, en la adhesión por parte de la ciudadanía a estos y en las políticas públicas con consecuencias negativas concretas disfrazadas de “austeridad”:
Reducción del gasto social y programas públicos (subsidios, transferencias, asistencia) que afectan en mayor proporción a hogares encabezados por mujeres (más vulnerabilidad económica y dependencia de programas).
1. Eliminación o reducción de políticas y programas con perspectiva de género
● Recortes en programas dirigidos a la prevención de violencia de género, atención a víctimas y a la promoción de igualdad; si se reducen recursos para estas políticas, las mujeres resultan más perjudicadas.
2. Reducción del empleo público y reestructuración del Estado
● Las mujeres estamos sobrerrepresentadas en empleo público y en sectores sujetos a recortes (salud, educación, servicios sociales). Despidos o achicamiento elevan la tasa de desempleo femenino relativo.
3. Ajustes que encarecen el costo de bienes y servicios básicos
● Eliminación de subsidios a energía, transporte y combustibles eleva precios y costo de vida. Dado que las mujeres destinan proporcionalmente mayor parte del ingreso al consumo del hogar y servicios de cuidado, sufren más el impacto real sobre el nivel de vida.
4. Flexibilización laboral y debilitamiento sindical
● Propuestas para reducir regulaciones laborales o derechos colectivos suelen aumentar la precariedad (contratos temporales, menores protecciones). Las mujeres, más presentes en empleos informales y de menor calidad, quedan más expuestas a pérdidas de ingresos y condiciones inestables.
5. Ajustes en políticas de cuidado y educación temprana
● Recortes o menor inversión en jardines, guarderías y programas de cuidado elevan la carga de cuidados no remunerados, que recae mayoritariamente en mujeres, afectando su inserción y continuidad laboral.
6. Cambios en tarifas y ayudas para servicios de salud
● Reducciones en presupuesto de salud o en programas de atención primaria repercuten en el acceso a servicios reproductivos, controles prenatales y atención materna, donde la demanda es mayor entre mujeres.
7. Reformas previsionales y de seguridad social
● Modificaciones a jubilaciones, asignaciones o pensiones pueden golpear más a mujeres por carreras laborales interrumpidas por cuidado (menores aportes, pensiones más bajas, mayor incidencia de pobreza entre jubiladas).
8. Mayor pobreza femenina y brecha laboral
● La combinación de inflación, pérdida de empleo y reducción de políticas sociales tiende a ampliar la brecha de ingresos y la tasa de pobreza entre mujeres (especialmente jefas de hogar y trabajadoras informales).
Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, desapareció en Misiones y fue hallada asesinada. La autopsia determinó que murió por asfixia. Familiares y organizaciones cuestionaron las demoras y la respuesta estatal durante su búsqueda.
Agostina Vega, de 14 años, fue asesinada en Córdoba. La investigación determinó que sufrió abuso sexual y murió por asfixia mecánica. El principal acusado es un hombre adulto de 33 años.
En Temperley, Noelia Carolina Romero, de 30 años, llamó al 911 denunciando que su pareja la tenía retenida. Fue asesinada antes de que la policía lograra intervenir. De hecho fue asesinada durante su accionar.
El desmantelamiento de programas de género, la reducción de áreas estatales especializadas, la eliminación del Ministerio de las Mujeres y el cuestionamiento público de la noción misma de violencia de género pueden debilitar los mecanismos de prevención, asistencia y protección. Esa es una discusión política todavía abierta en Argentina y de esta manera persisten las desigualdades y las violencias machistas estructurales. Se reducen o debilitan las herramientas estatales específicas para prevenirlas y abordarlas, y las víctimas encuentran menos redes institucionales de acompañamiento, detección temprana o protección.
¿Cómo llegamos al femicidio de Dulce? ¿Cómo llegamos al de Agostina? ¿y al de Noelia?
No son nombres aislados en una lista interminable. Son vidas truncadas que nos obligan a preguntarnos qué sociedad estamos construyendo y qué responsabilidades políticas existen cuando las alertas se apagan una tras otra.
Porque mientras nos dicen que la violencia de género es una «agenda ideológica», hay familias enterrando hijas. Mientras se cuestionan estadísticas, conceptos y derechos conquistados, hay mujeres que siguen desapareciendo, siendo perseguidas, golpeadas y asesinadas.
La pregunta no es solamente quién las mató. La Justicia deberá responder eso. La pregunta también es cuántas señales ignoramos, cuántas herramientas dejamos caer y cuánto vale la vida de una mujer cuando el Estado decide mirar para otro lado.
Nos duele. Nos llena de rabia. Y esa rabia nace de una certeza: cada retroceso en derechos, cada recorte y cada discurso que invisibiliza estas violencias tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de millones de mujeres.
Fotos: Nina Naso Brunelli
