El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Petovello, ha dispuesto la eliminación del Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) con el argumento de fortalecer el Programa Alimentar Comunidad. Esta medida, formalizada mediante la Resolución 393/2025, deja sin efecto las normativas que desde 2020 agrupaban a los espacios sociales que recibían asistencia alimentaria del Estado, buscando, según el Ministerio, optimizar los recursos públicos y dar un giro a la política alimentaria nacional. Por Matías Mora Caceres. Fotos: Carmel Sabino Yglesias.
El organismo justifica la eliminación del RENACOM al señalar «fallas estructurales graves» como datos inconsistentes, campos incompletos y registros duplicados, lo que, según Capital Humano, ponía en duda su utilidad para la toma de decisiones. En adelante, el acceso a la asistencia se basará en relevamientos presenciales o herramientas tecnológicas, apuntando a una verificación territorial sin intermediación ni inscripción previa. Esta decisión, arbitraria e injustificada, también se alinea con recomendaciones de la Sindicatura General de la Nación, que advirtió sobre debilidades en el control interno del registro, afectando la transparencia y eficiencia en el uso de fondos públicos.
Capital Humano argumenta que la eliminación del RENACOM permitirá «mejorar los recursos y capacidades administrativas para el desarrollo de políticas públicas de alto impacto», facilitando una gestión más ágil y eficaz de la Tarjeta Alimentar que se entrega a comedores y merenderos. Según el Ministerio, el 87% de los registros estaban duplicados y el 34% presentaba campos incompletos, lo que dificultaba la identificación precisa de los beneficiarios.
Sin embargo, es fundamental recordar el rol insustituible de los espacios comunitarios en la garantía del derecho a la alimentación. La justicia en lo contencioso administrativo federal, a través del fallo del juez Walter Lara Correa en el amparo colectivo iniciado por la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) en el 2024, ha reafirmado que las políticas alimentarias no son un «privilegio», sino una herramienta esencial para la igualdad y no discriminación. El fallo sostuvo la necesidad de mantener actualizado el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM) y actuar con celeridad en los convenios para el acceso a prestaciones alimentarias, instando al Estado a responder de manera no discriminatoria y a informar mensualmente sobre el cumplimiento de los programas.
Desde el CELS se ha enfatizado que las políticas alimentarias, aseguradas por estos espacios comunitarios, son cruciales para mitigar el aumento de las desigualdades y proteger los derechos de los grupos desfavorecidos. Por ello, estas políticas deben sostenerse y mejorarse progresivamente, sin dar pasos atrás que comprometan la efectividad de la asistencia alimentaria y la labor fundamental que realizan organizaciones como la UTEP, el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha, el Frente Barrial de la CTA, entre otras, en la defensa de los derechos de quienes más lo necesitan.
La respuesta del gobierno nacional se produce en un contexto de acciones judiciales iniciadas por la UTEP, liderada por Alejandro «Peluca» Gramajo como secretario general y Juan Grabois como abogado y vocero. Estas acciones se dirigen contra el Ministerio de Capital Humano y su Ministra, denunciando que numerosos comedores y merenderos aún no han recibido la mercadería que les corresponde. En uno de los últimos documentos presentados ante la justicia, las organizaciones manifestaron que: “los comedores nucleados en estas organizaciones cumplieron con sus deberes y presentaron toda la documentación solicitada para avanzar con las renovaciones de los convenios y asegurar la continuidad de las políticas involucradas en cada caso”.
Es crucial destacar que la supresión del RENACOM, junto con el achicamiento estatal y la falta de políticas públicas efectivas, solo exacerba la desigualdad en un país donde, según datos del INDEC del segundo semestre de 2024, la pobreza alcanzó el 38,1% y la indigencia el 8,2%. Esto implica que casi 18 millones de personas son pobres y casi 4 millones no logran cubrir sus necesidades alimentarias, además de que un millón de niños se acuestan sin cenar y 1,5 millones omiten alguna comida diaria.
Nota extraida por: AnRed
