La investigación revela cómo una empresa acusada en 2024 por la ministra de Seguridad de lavar el dinero de una banda narco de la localidad de San Martín, consiguió en 2025 el permiso del intendente Guillermo Montenegro para un negocio inmobiliario que transgrede el código urbanístico de Mar del Plata, gracias a la intervención del estudio de abogados del ministro de Justicia libertario, Cúneo Libarona. La conexión entre empresarios vinculados al narcotráfico y la ultraderecha parece no agotarse en Espert.
La pregunta evidente es por qué el grupo empresario continúa operando con normalidad, después de la espectacular denuncia gubernamental. La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la doctora Alicia Vence. E interviene la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, de Paul Starc, quien fue nombrado como funcionario por el presidente Milei y el Ministro Libarona, al frente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) el 8 de abril último. Intentamos conocer el estado de la misma, pero un fuerte hermetismo la rodea. Hicimos las consultas correspondientes al juzgado y a fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad, sin obtener respuesta.
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