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¡Salvemos la radio!

La radio argentina cumple 98 años en uno de los momentos más difíciles de su historia. Despidos y precarización de trabajadores y trabajadoras, discriminación en el reparto de pauta publicitaria, clausuras arbitrarias de emisoras, incumplimiento del fomento establecido en ley 26.522 para radios comunitarias, alternativas, populares y de pueblos originarios, discontinuidad de políticas públicas para fortalecer radios escolares, socioeducativas, universitarias, rurales, cooperativas, micro pymes, familiares, y el impacto del tarifazo en la electricidad, son algunos de los problemas que afectan a las miles de personas que realizamos esta actividad en todo el país, a nuestras comunidades y audiencias.

De los cerca de 3 mil puestos de trabajo perdidos en la comunicación, muchos corresponden a la radio. Como el caso América, que tristemente hoy es sólo silencio de radio y decenas de familias en la calle, y muchas más en todo el país que dejaron de pagar sueldos y coberturas médicas, acudieron a despidos y, en casos como radio El Mundo, hasta sufrieron episodios de violencia por parte de sus autoridades.

La radio pública nacional tampoco escapa a la política de vaciamiento de los medios de bandera: en este caso, a los despidos y retiros voluntarios se les suma un notorio descenso en la producción propia en la mayoría de sus emisoras en provincias, que repiten cada vez más contenidos producidos en la ciudad de Buenos Aires. Esto no sólo implica un atentado contra las fuentes de trabajo regionales sino también un golpe a la diversidad cultural y el federalismo que el sistema público de medios debería garantizar. Lo mismo sucede en el sector privado, donde parte del espectro está copado por repetidoras de las grandes radios comerciales de Buenos Aires o Córdoba, desoyendo la vigencia de una ley que establece pisos de producción propia local para fomentar el trabajo y la diversidad.

Las radios comunitarias padecen la persistencia de deudas, sub ejecución, rechazos arbitrarios y atrasos de hasta tres años en el pago del Fomento al sector (FOMECA) que legalmente constituye el 10% del gravamen a la comunicación audiovisual concursable todos los años, pero en la práctica arrastra una sub ejecución de 270 millones de pesos que el Estado retiene mientras sus destinatarios pasan penurias.

Acentúa la crisis la discrecionalidad y concentración en la distribución de la pauta publicitaria, como muestran los datos oficiales del gobierno nacional. O peor todavía, el ocultamiento y negativa de acceso a estos datos, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. En tanto que uno de los pocos mecanismos que posibilitan una mínima redistribución en el país, como el Registro de Medios Vecinales de la CABA, sufre un recorte brutal desde el año pasado.

Se suman los cierres compulsivos de emisoras como el caso de FM Ocupas de Moreno, a partir de la sanción de las res 9435/2016, 2064 y 2065/2017 que habilitan amplia discrecionalidad para dictar medidas tan extremas como la clausura, ilegalización y hasta extinción de licencia de un medio “a sola firma” del funcionario interviniente.

También han cerrado o se debilitan progresivamente valiosas experiencias de radios escolares, socioeducativas, rurales y de pueblos originarios, por la interrupción o discontinuidad de otras políticas públicas emprendidas luego de la sanción de la Ley 26.522. En tanto que las radios universitarias padecen el recorte y ajuste presupuestario que sufre el conjunto del sector. Radios cooperativas, micro pymes y de emprendimientos familiares padecen el mismo ahogo y consecuencias de estas políticas en sus programaciones, posibilidad de generar trabajo y supervivencia.

En las llamadas “zonas de conflicto”, denominación que abarca a casi todos los principales centros urbanos del país, el espectro radioeléctrico sobre todo de FM es un caos donde ha imperado la “ley de la selva” los últimos 30 años, ante la falta de interés o de capacidad de los sucesivos gobiernos para organizarlo en condiciones justas y equitativas. Para modificar y no acentuar en la práctica esta situación, es necesario que la reciente “normalización” anunciada por el gobierno respete los derechos de las emisoras existentes y las reservas de espectro establecidas por ley 26.522 con plazos, requisitos y políticas de acompañamiento acordes a la realidad para cumplirlos.

La situación antes descripta ha generado también una verdadera “guerra de potencias”, donde las radios locales deben aumentar cada vez más su capacidad de emisión para no ser barridas y sobrevivir en el espectro, generando un consumo eléctrico desmedido que se vuelve insostenible con los últimos tarifazos.

Por todas estas razones y muchas más, los abajo firmantes hacemos este llamado hoy, Día de la Radiodifusión argentina, en legítima defensa de un aire público que garantice el derecho a la comunicación, la libertad de expresión, y el respeto y dignidad que merecen trabajadores, trabajadoras y oyentes.

Documento la que suscribimos como FM De la Azotea – AMARC Argentina.

Radio de La Azotea