Editorial – Nota de opinión. Julia Rigueiro, Profesora de historia e integrante del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) – 10 de Agosto 2025.
En la misma semana, en Argentina, el presidente tomó dos decisiones importantes que ratifican el rumbo elegido. Sigo soñando con que sean cada vez menos las personas que sostengan las afirmaciones del tipo “para esto lo voté”, “es exactamente lo que voté”, o “hay que darle tiempo”.
Decisión #1 Decreto 526/2025, publicado en el B.O. del miércoles 30/07/25, que reduce de manera permanente las retenciones a la exportación de soja, girasol, cebada, trigo, maíz, sorgo y carnes.
Decisión #2 Decreto 534/2025, publicado en el B.O. con fecha del viernes 01/08/25, que veta las leyes que mejoran los haberes jubilatorios y declaran la emergencia en discapacidad.
¿De cuánta gente estamos hablando? ¿A quién beneficia cada cosa?
Decisión #1 – 6 principales grupos económicos exportadores: Cargill, Viterra, COFCO, Bunge, LDC, AGD – En cuestión de granos, a las fuentes me remito.
Decisión #2 – Más de 4 millones de personas, de las cuales la mayoría son mujeres. Mirando los datos oficiales de la ANSES.
¿Son comparables? ¿Cómo?
De varias maneras, por ejemplo preguntándonos cuánto cuesta financiar la Decisión#1 y la Decisión#2 en relación al PBI de nuestro país, y para eso hay una oficina específica en el Congreso de la Nación que produce estadísticas y se llama Oficina de Presupuesto del Congreso.
El costo fiscal de la baja de retenciones es del 0,19 al 0,22% del PBI. Eso podría pagar la mitad del aumento de las jubilaciones, o del bono, votados por ley por el Congreso. Vayamos por partes: la reforma previsional, que implica un 7,2% de aumento más un bono, significa para el Congreso el 0,3% del PBI en 2025; la moratoria y la prestación universal para adultos mayores, 0,09%; la emergencia en discapacidad, 0,4% del PBI.
Nuevamente el gobierno es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Al tipo de cambio mayorista de $1.364, el costo fiscal de la baja de retenciones (USD 1.552 millones) equivale a 2,12 billones de pesos, suficientes para cubrir cerca del 70% del costo anual del aumento del bono ($3,13 billones según estimaciones de la OPC).
Si vemos las campañas de siembra, no hay correlación entre las retenciones y el área sembrada. ¿Qué quiere decir? Que no se produjo más con las bajas las retenciones. El incentivo para el aumento de la producción no es la retención, sino los precios internacionales. Por eso, las retenciones discuten los precios. Si no existieran, consumidoras y consumidores pagaríamos a precios internacionales todos esos productos y sus derivados, impactando directo al bolsillo.
El veto de Milei busca clausurar el aumento del 7,2% a las jubilaciones y actualización del bono previsional de 70 a 110 mil pesos, reactivación de la moratoria y declaración de emergencia en discapacidad- En agosto la jubilación mínima alcanza $314.305 + bono de $70.000. La ley pretendía llevarla a $336.935 + bono de $110.000.
Estas son algunas de las fuentes de financiamiento propuestas en la ley de incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones:
1. Se deja sin efecto la exención del IVA para los directores de Sociedades Anónimas, lo que implica una mayor recaudación equivalente al 0,2% del PBI.
2. El Jefe de Gabinete deberá reasignar $32.616 millones del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado.
3. Además deberá ajustar el presupuesto destinado a la deuda pública, tras el cambio del FMI sobre cargos y sobrecargos aprobado en octubre de 2024.
4. Fondo anticíclico (Jurisdicción 91, Programa 99). Este fondo, utilizado para el pago de bonos y la finalización de paritarias, todavía dispone de más de $2,5 billones (0,4% del PBI).
Esta ley preveía:
1. Aumento de jubilaciones de 7,2%. Se trata del saldo restante del 20,6% de la inflación de enero 2024.
2. Bono con aumento a $110.000. Hoy está congelado desde marzo 2024 en $70.000. Luego, se actualizará por inflación, evitando su licuación. La jubilación mínima más bono hubiera quedado, así, en $446.935 en agosto, recuperando el poder adquisitivo que tenían en el trimestre previo a la asunción de Milei. Vean el gráfico debajo: la jubilación mínima más bono lleva perdiendo 15 PUNTOS desde que asumió Milei.
3. Prórroga de la moratoria previsional por dos años. El costo fiscal estimado por la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso) es de 0,191% del PBI para el plazo de dos años, esto es, menos de la mitad del superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año (0,40% de PBI). Sin esta opción, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones no pueden acceder a una jubilación, por no alcanzar los 30 años de aporte.
4. Mejora de la PUAM existente (Pensión Única por Adulto Mayor) para que las mujeres puedan acceder a los 60 (actualmente es a los 65) y para que sea compatible con el trabajo registrado, hasta 3 SMVM, y con pensiones por viudez.
