Así estamos las comunicadoras comunitarias (últimos dos años)

Editorial – Nota de opinión. Lourdes Michiqué, comunicadora, fotógrafa. Integrante del Colectivo de gestión de De la Azotea – 25 de noviembre 2025.

Las comunicadoras comunitarias hablamos desde y para los cuerpos que la prensa tradicional deja fuera. En los últimos dos años (2023–2025) la situación de las mujeres y disidencias en los medios argentinos mostró un retroceso estructural: no solo aumentaron las violencias (digitales, institucionales y físicas) dirigidas a comunicadoras, sino que además se combinaron recortes presupuestarios y decisiones regulatorias que achicaron el espacio material donde trabajamos y nos formamos. Revista de Periodismo LatAm+1

Violencia y persecución simbólica y digital

Hay múltiples estudios y relevamientos que muestran que gran parte de las periodistas mujeres sufren acoso en línea, amenazas y violencia sexual y laboral; estas agresiones son una forma de persecución que expulsa voces críticas y genera autocensura. Esa violencia se mezcla con campañas de desprestigio —a veces alimentadas por discursos políticos y medios afines— que buscan naturalizar el hostigamiento contra quienes defienden derechos e igualdad. Las cifras y testimonios recabados en 2024–2025 evidencian que este patrón es generalizado. Revista de Periodismo LatAm+2fopea.org+2

El recorte y la reestructuración del presupuesto con perspectiva de género impactaron directamente en programas que sostenían políticas públicas y acciones de prevención/ayuda. Analistas y organizaciones advierten que entre 2023 y 2025 se produjeron reducciones y eliminaciones de partidas clave para políticas de género, lo que debilita la infraestructura necesaria para acompañar a las víctimas y promover contenidos con enfoque de género. Centro CEPA+1

Un golpe a la comunicación comunitaria, cooperativa e indígena:

Decisiones regulatorias (incluyendo el cierre de delegaciones de organismos y la desactivación de fondos concursables como FOMECA) y la falta de políticas de fomento pusieron en jaque la sostenibilidad de radios y productoras comunitarias, cooperativas e indígenas. Estos espacios eran —y son— clave para la presencia de la perspectiva de género en el territorio: su debilitamiento implica menos producción local con enfoque de igualdad y menos refugios comunicacionales para voces feministas y disidentes. SiPreBA+1. Una comunicación comunitaria con perspectiva de género es importante porque transforma no solo la manera en que contamos las historias, sino también quiénes pueden contarlas y qué miradas entran en la agenda pública. En contextos donde la violencia simbólica, la desigualdad y los discursos de odio se profundizan, esta perspectiva se vuelve una herramienta política, social y cultural imprescindible.

Algunas de las consecuencias concretas en el quehacer comunicacional:

• Se cerraron o redujeron programas y espacios que integraban la perspectiva de género en radios y medios comunitarios; muchas experiencias locales perdieron continuidad.
• La precarización laboral y la falta de financiamiento empujaron a comunicadoras a abandonar proyectos o a trabajar en condiciones de mayor vulnerabilidad.
• La normalización del discurso de odio y el hostigamiento en redes generó autocensura, menos investigación sobre temas sensibles y menor visibilidad para agendas feministas. SiPreBA+1

Las comunicadoras en estos ámbitos enfrentamos un doble desafío: somos punteras en incorporar perspectiva de género y, al mismo tiempo, somos las más expuestas a la falta de recursos y al desmantelamiento de herramientas de fomento. Sin apoyo institucional ni financiamiento estable, nuestro trabajo comunitario —formación, producción local, alfabetización mediática con enfoque de género— queda en riesgo. RICCAP+1

Lo que vemos no es una suma de incidentes aislados: es una estrategia estructural que combina desfinanciamiento, deslegitimación pública y violencia simbólica para reducir las voces que cuestionan políticas neoliberales y patriarcales. En clave feminista, esto hay que nombrarlo como lo que es: un intento de redefinir el campo comunicacional excluyendo la mirada de género y las comunicaciones populares. Página12+1

Julia Mengolini fue y es quizás el caso más emblemático de persecución mediática en estos dos años. Su radio Futurock fue blanco de una campaña de hostigamiento digital coordinada con trolls libertarios y militancia digital afín al gobierno. Reporteros Sin Fronteras+2El Ciudadano+2.

Se difundieron deepfakes generados con inteligencia artificial, con imágenes sexualizadas falsas, para difamarla. Reporteros Sin Fronteras+1, recibió múltiples amenazas de muerte y violentas, incluyendo amenazas de agresión sexual. El Ciudadano+1. Además, el propio presidente Javier Milei participó en la campaña: repercutió mensajes agresivos, la insultó públicamente en redes (“periodismo basura”, “basura periodística”), y acumuló decenas de posteos en X contra ella en días. Reporteros Sin Fronteras+1. A nivel judicial, presentó denuncias: se la acusa formalmente de amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y financiamiento público de una “milicia digital” para hostigarla. Derecha Diario+1.También se denunciaron inspecciones a su radio: Futurock sufrió al menos cinco inspecciones por parte de distintos organismos, un ciberataque, y daños a sus oficinas (incluso arrojaron excremento frente al estudio), lo que su equipo denuncia como parte de una campaña de persecución política. Reporteros Sin Fronteras.

Organismos de la sociedad civil, como la Comisión de Género de ENAC, emitieron comunicados condenando ese hostigamiento como una violencia simbólica sistemática para disciplinar a voces críticas. Empresarios Nacionales. En paralelo, se llevaron denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el gobierno tuvo que responder sobre la “criminalización y estigmatización de periodistas”, especialmente mujeres, frente a un patrón de ataques coordinados. anccom.sociales.uba.ar+1.

La causa incluso escaló judicialmente: un fiscal imputó a Milei y otros por amenazas, uso de fondos estatales, asociación ilícita para financiar una campaña digital en su contra. MercoPress+1

Otros ejemplos de comunicadoras/comunicadores bajo presión

• Según el Colegio de Abogados de San Isidro, hay un patrón sistemático de persecución a periodistas: denuncian no sólo acoso en línea, sino también violencia institucional y económica. Colegio de Abogados de San Isidro
• En la audiencia ante la CIDH en 2025, junto a Mengolini, otros periodistas denunciaron hostigamiento sistemático: insultos, agresiones, criminalización del ejercicio periodístico, especialmente contra mujeres. anccom.sociales.uba.ar

Estos ataques no son improvisados sino estratégicos: apuntan a silenciar voces críticas que no solo cuestionan políticas económicas neoliberales, sino que también defienden la igualdad de género, derechos sociales y una comunicación participativa. El uso de mensajes de odio, difamación y violencia digital revela una matriz de género clara: muchas de las agresiones contra comunicadoras feministas recurren a estigmas sexuales, violencia simbólica y amenazas íntimas (sexuales) para deslegitimar su trabajo.
Los casos como el de Mengolini muestran que el discurso de odio y las milicias digitales no son espontáneas, sino parte de una estrategia deliberada para disciplinar a quienes informan desde una perspectiva crítica y feminista. Este hostigamiento afecta también a medios comunitarios, cooperativos e independientes: si las personas que lideran esos proyectos son deslegitimadas, amenazadas o perseguidas, el daño no es solo individual, sino colectivo.

Por esto es que sigue siendo indispensable defender y reclamar la continuidad de fondos concursables y políticas de fomento (reparar la desactivación de FOMECA y delegaciones). SiPreBA; crear redes de protección jurídica y digital para comunicadoras (protocolos contra ciberacoso, asistencia psicológica y legal). UNFPA-Argentina+1; fortalecer alianzas entre medios comunitarios, universidades y organizaciones de género para sostener formación y producción local con perspectiva feminista. RICCAP; y visibilizar públicamente los casos de persecución y exigir a los organismos estatales responsabilidades y mecanismos de protección efectivos. fopea.org