Nota de opinión: 𝘿𝙞𝙚𝙜𝙤 𝙅𝙤𝙖𝙦𝙪í𝙣 𝙎𝙖𝙨𝙩𝙧𝙚 – 27 𝙙𝙚 𝘼𝙗𝙧𝙞𝙡 2025
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ha decidido profundizar el camino de una comunicación política basada en la crueldad y la provocación. Para lograr ese objetivo cambió la naturaleza de las intervenciones de su herramienta predilecta:𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙩𝙧𝙪𝙡𝙡𝙖 𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙡.
𝗘𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗮, 𝘂𝗻 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼𝗶𝗱𝗲𝘀, 𝗲𝗻 𝗽𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗹𝗲, 𝗮𝗰𝘁ú𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹 𝘆 𝗷𝘂𝗲𝘇: 𝗮𝗰𝘂𝘀𝗮 𝘆 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗶𝗴𝗼. 𝗡𝗼 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗻𝗶 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮.
El intendente de General Pueyrredon está financiando su campaña electoral del 2025 y, -más importante aún, la de 2027- con la plata de todos los habitantes de Mar del Plata y Batán. 𝗟𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗻 𝘀𝘂 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘆 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗼 ú𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗮𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗮𝗿𝗹𝗲 𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗲𝗴𝗿𝗼 𝘀𝘂 𝗽𝗿ó𝘅𝗶𝗺𝗼 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼.
Los extras -que generalmente son los que mueren- de esta absurda película somos los marplatenses, los batanenses, las garantías constitucionales, la presunción de inocencia, el debido proceso y gran parte del ordenamiento jurídico nacional y provincial.
Salto cuantitativo y cualitativo:
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, ha decidido profundizar el camino de una comunicación política basada en la crueldad y la provocación. Para lograr ese objetivo cambió la naturaleza de las intervenciones de su herramienta predilecta: la patrulla municipal. Los operativos de esta patrulla parapolicial han salido del closet; ya no son operaciones clandestinas y nocturnas que ocurren bajo el amparo de la madrugada y de las cuales los vecinos y vecinas de Mar del Plata no tenían forma de enterarse. Desde noviembre del año pasado la violencia -y la comunicación de la violencia- de la patrulla municipal parece ser la principal plataforma desde la cual Montenegro busca posicionarse políticamente.
En esta nueva etapa, el mencionado grupo parapolicial opera con sus métodos a plena luz del día sin ningún tipo de reparos y de forma totalmente discrecional: no hace falta denuncia previa ni llamado al 147. El criterio de intervención es poco claro: no hay protocolos ni procedimientos estandarizados, lo que lleva a sospechar que el único objetivo es buscar material para armar algún videito degradante para twitter. Recordemos que ninguno de los miembros de la patrulla tienen formación específica en seguridad; algunos son empleados municipales transferidos de otras áreas, y otros ,directamente, patovicas contratados de boliches y gimnasios de la ciudad.
Además de un salto en la cantidad de las situaciones en las que interviene este dispositivo, se observa también un salto cualitativo en esas intervenciones. En los últimos tiempos hemos podido identificar un aumento en su financiamiento: la patrulla municipal pasó de tener unas pocas camionetas cedidas por el gobierno nacional -proveniente de los bienes recuperados al narcotráfico- a tener camiones celulares similares a los de las fuerzas federales, motocicletas tipo motocross, armas “no letales” y diverso equipamiento que indican que el financiamiento de este aparato ilegal ha aumentado exponencialmente desde su creación en 2020, y particularmente desde el mediados del año pasado. De la mano de ese crecimiento presupuestario, creció también su despliegue y capacidad operativa, llegando a operar en los lugares más remotos del partido de General Pueyrredon, como publicita el intendente en sus redes. Esta expansión se reflejó, además, en la convocatoria pública que Montenegro lanzó desde sus cuentas en redes sociales, en la que convocaba a marplatenses con instrucción en combate cuerpo a cuerpo a integrarse a las filas de la patrulla municipal.
Se observa entonces un salto cualitativo en financiamiento, equipamiento, capacidad operativa y visibilización de este dispositivo, así como un salto cuantitativo en sus intervenciones. Lo que no se observa aún es una moderación en los niveles de discrecionalidad, violencia física, verbal y simbólica ni en la ilegalidad de su accionar.
Tu hijo vende droga
“Tu hijo vende droga” le gritó un agente de la patrulla municipal a P., mientras le pateaba las piernas y los elementos que usa para cuidar coches en una plaza céntrica. Aún asumiendo que ese agente municipal tuviera información certera sobre actividades ilícitas del hijo de esta persona, de ninguna manera el abordaje de la situación debe ser interpelar a su madre o padre a los golpes.
En este punto, es preciso hacer un ejercicio que consiste en despojarnos por un momento de todo juicio moral para formular una simple pregunta: ¿Pegarle a una persona mayor, familiar de un supuesto “transa”, soluciona el problema de la venta de droga? Obviamente la respuesta es NO.
En este caso, un agente municipal -sin ninguna investigación previa seria y sin ningún elemento probatorio- interpela a los golpes a uno de los progenitores de un supuesto sospechoso. No hace falta tener siquiera una mínima formación en derecho para entender que esto es una ilegalidad absurda, pero además – y ahora
sí- es moralmente cuestionable intimidar y pegarle a una persona que tiene nula capacidad para defenderse de un hombre fornido que posiblemente pasa horas trabajando su fuerza en algún gimnasio.
Esta conducta no persigue sancionar la comisión de un delito: su objetivo es la intimidación y el abuso de poder. Nos referimos a esta situación puntual, de la que fuimos testigos, para ilustrar lo que la patrulla municipal hace todos los días.
En la ciudad de Mar del Plata, un tipo pasado de esteroides, en plena calle, actúa como fiscal y juez: acusa y aplica el castigo. No existe el debido proceso ni la presunción de inocencia: todos y todas somos susceptibles de ser interpelados y acusados de delitos por un grupo de gente sin ninguna formación que porta armas “no letales” y tiene un especial apetito por la violencia. Aquel que piense que esta política está solamente dirigida contra “los fisuras” se equivoca categóricamente: por los sectores más empobrecidos es por dónde Montenegro decidió empezar a armar su proyecto autoritario y antidemocrático.
Alguien que hace algo en medio de gente que no hace nada
La obsesión de casi todo el arco político es mostrarse resolutivo frente a situaciones estructurales. Dicho en términos sencillos: la política ha abandonado las explicaciones profundas de las causas de los problemas y sus posibles -y difícilessoluciones para abrazar una especie de “pensamiento mágico de la política”, que
busca respuestas inmediatas y definitivas a los problemas apelando al “sentido común”, teóricamente capaz de resolver todos los problemas de los países, ciudades y sociedades del mundo.
Montenegro viene trabajando hace años en esta línea, con fórmulas ridículas como “la ciudad del sí” o haciendo fetiche de la intervención del capital privado en la vida de la ciudad. La realidad es que el intendente está desesperado por mostrarse como alguien que resuelve en medio de una supuesta “casta política progresista” que estaría empeñada en detenerlo: un relato claramente dirigido a un sector de la población renuente a pensar en política.
Las redes personales del intendente se han convertido, a su vez, en la principal herramienta de comunicación de las políticas municipales, luego del estrepitoso fracaso de las conferencias de prensa que fueron ignoradas por el grueso de la población del partido de General Pueyrredón.
La estrategia de marketing político del intendente consiste en mostrarse como valguien que hace en medio de gente que no hace nada y que trabaja para molestarlo. Esa estrategia no es mala en sí misma; el problema es que, para mostrarse resolutivo en un tema como la seguridad, el intendente se lleva por delante el ordenamiento jurídico nacional y provincial. Los municipios de la provincia de Buenos Aires no están autorizados por ley a tener cuerpos de seguridad propios con poder de policía. Recordemos que, durante su gestión como intendente, Gustavo Pulti propuso esa posibilidad y que la sociedad de nuestra ciudad se expresó en contra.
La persistencia del intendente en usar el dispositivo de la patrulla como parte central de su campaña electoral genera conflictos entre la bonaerense y los municipales. En el territorio, son habituales las discusiones de los efectivos con los agentes municipales por los asuntos y la manera en que la municipalidad interviene. Además
del hecho de que los municipales interfieren en competencias que son exclusivas de la policía de la provincia, los efectivos de la bonaerense se quejan de que el accionar imprudente de la patrulla municipal los pone en peligro al exacerbar la violencia. Que la policía bonaerense -violenta por excelencia- se queje del nivel de violencia de las intervenciones de los municipales no habla tanto de la humanidad de los efectivos de la policía sino más bien del nivel absurdo de violencia que ejercen los grupos parapoliciales de Montenegro. En este punto es preciso renombrar a la patrulla municipal: no estamos ante una guardia urbana común como existen en otros municipios, sino frente a grupo parapolicial de Montenegro. Esta política es dirigida desde el despacho del intendente y es central en su estrategia política. El secretario de seguridad y el director de la patrulla son figuras decorativas, pero también partícipes necesarios de todos los delitos e ilegalidades en las que incurren los municipales.
Con la nuestra
El intendente de General Pueyrredon está financiando su campaña electoral del 2025 y, -más importante aún, la de 2027- con la plata de todos los habitantes de Mar del Plata y Batán. La inversión de dinero público en su grupo parapolicial y en la comunicación de sus acciones tiene como único objetivo asegurarle a Montenegro su próximo cargo en el estado. Además, la patrulla municipal hoy soluciona menos “problemas” que antes. Ningún marplatense puede afirmar que haya menos gente en situación de calle o “trapitos”. Esta nueva etapa solo consiste en violencia y la comunicación de esa violencia como campaña electoral. Como afirmamos en anteriores ocasiones, esta es una política cruel, cara, ilegal e inútil y en este último tiempo esas cuatro variables se han exacerbado.
El jefe comunal se olvidó de la gestión de la ciudad: todos los problemas que vienen de larga data se han agravado, particularmente en este segundo mandato. Las calles son intransitables, el transporte público es una desgracia colectiva y el sistema de atención primaria de salud representa una falta de respeto diaria hacia
todos sus usuarios. Además, la ciudad enfrenta un déficit de 3000 millones de pesos, mientras la cabeza del gobierno municipal le da play a su propia película de Rambo. Los extras -que generalmente son los que mueren- de esta absurda película somos los marplatenses, los batanenses, las garantías constitucionales, la presunción de inocencia, el debido proceso y gran parte del ordenamiento jurídico nacional y provincial.
