Ley Bases: Habemus media sanción

Tras más de 20 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general la ley Bases. Fue por 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones.

En el debate en particular ya se aprobaron las facultades delegas para Javier Milei, las privatizaciones de una decena de empresas del Estado y la reforma laboral. Después de la aprobación en general, los artículos que habilitan la venta de empresas del Estado obtuvieron la media sanción en la Cámara Baja con 138 votos a favtor, 111 en contra y dos abstenciones.

Aún resta la sanción del paquete fiscal que propone cambios en el impuesto a las Ganancias, monotributo, blanqueo y bienes personales.

¿Qué son las emergencias y las facultades delegadas? Las emergencias fueron enumeradas en el documento en el primer artículo de la norma en “materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”. Según el artículo 76 de la Constitución nacional se “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Es decir, que esa delegación podrá darse, siempre y cuando cuente con “un plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

Esas bases, plazos y condiciones son las que, entre otras cosas, se debaten dentro del Congreso durante las últimas semanas. Según la Constitución Nacional, la delegación legislativa es la “habilitación excepcional y limitada que el Congreso puede conferir al Poder Ejecutivo para que éste ejerza temporalmente algunas de las facultades legislativas que la Constitución otorga al Poder Legislativo”.
La Cámara de Diputados también aprobó el capítulo que reforma el régimen de trabajo agrario, en el marco de la Ley Bases.

El apartado, capítulo V del título V de la norma impulsada por La Libertad Avanza, obtuvo votos 141 positivos y 110 negativos.

Y sigue… Se aprobó el capítulo referido a la reforma laboral y el capítulo de las privatizaciones de la ley Bases obtuvo luz verde en Diputados este martes. Se trata de un nuevo paso que permitirá al Gobierno desprenderse de empresas estatales, que si bien en el proyecto original de la Ley Ómnibus pretendía recaer sobre 40 empresas estatales y privatizarlas, finalmente el Gobierno acordó con el PRO y la UCR reducir ese listado a 9 compañías públicas:
Para privatización:

Aerolíneas Argentinas S.A.

Energía Argentina S.A.

Radio y Televisión Argentina S.E.

Intercargo SAU (La empresa argentina de asistencia en tierra que presta servicios a las principales líneas aéreas del mundo en vuelos de cabotaje e internacionales)

Para privatización/ concesión:

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Correo Oficial de la República Argentina S.A.

Belgrano Cargas y Logística S.A. (Trenes Argentinos)

Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) (Trenes Argentinos Operaciones)

Corredores Viales S.A. (Corredores Viales S.A. es una empresa de capital social íntegramente estatal, cuyos accionistas son: el Ministerio de Obras Públicas que posee el 51% y Vialidad Nacional con el 49%: Rutas y peajes)

Quedó excluido el Banco Nación del listado.

La reforma laboral, dentro de la Ley Bases, incluye un período de prueba de seis meses con posibilidad de ampliarse; un fondo de cese laboral (al estilo Uocra) como alternativa a las indemnizaciones; un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que se pruebe que fueron motivados por un acto discriminatorio; y un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados.

El paquete fiscal está por fuera de la Ley de Bases, pero se vota en la misma sesión. El mismo contempla el regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias (la reversión del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría es un tributo cuyo aporte es fundamental para que las provincias recuperen recaudación); un blanqueo de capitales con alícuota del 0% hasta los US$ 100.000; una fuerte rebaja de Bienes Personales; un aumento de los niveles de facturación y de la cuota mensual del monotributo; y una moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas.